Lesa Humanidad en el Cono Sur
• URUGUAY: UNA GRIETA EN EL MURO DE LA IMPUNIDAD
Mujica promulgó la ley de imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura militar.
Por: Diego M. Vidal
Con la promulgación por parte del presidente José Pepe Mujica de la ley de imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura, el gobierno uruguayo busca abrir una grieta sobre la amnistía acordada hace 27 años y evitar así que a partir del 1° de noviembre los crímenes de lesa humanidad sean considerados delitos comunes y se diluyan en las aguas del olvido. La ley que garantizó la impunidad de los militares y fue respaldada a través de dos referéndums, es hija del llamado Pacto del Club Naval. Fue la culminación de una negociación secreta entre los máximos jerarcas militares y representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio (FA) y Unión Cívica que posibilitó el regreso de la democracia a Uruguay, después de más de once años de gobierno cívico-militar. Luego llegaría la Operación zanahoria, un acuerdo del Presidente Colorado Julio María Sanguinetti con los militares en retirada para que exhumaran los cuerpos de los desaparecidos y los escondieran. “La ley de punitividad, que procura cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, despoja de su penúltima máscara a una impunidad establecida en Uruguay desde el 22 de diciembre de 1986, cuando el mismo Parlamento, también por una mínima mayoría, aprobó la Ley 15.848 con la que durante 25 años se amparó a los militares, policías y asimilados que protagonizaron el terrorismo de Estado”, relata en un fragmento de su más reciente artículo en la revista Caras & Caretas, el periodista uruguayo Roger Rodríguez. Más allá de la cobertura periodística de lo ocurrido en el Congreso montevideano, la mayoría de los grandes medios han evitado profundizar sobre el tema. “La prensa está alineada al silencio”, asegura Rodríguez a Miradas al Sur y aclara que lo que más preocupa es el aspecto judicial: “Todos estamos expectantes, porque quien en definitiva resolverá sobre la ley aprobada es la Suprema Corte de Justicia ante seguros planteos de inconstitucionalidad. No hay confianza en lo que haga la SCJ”, explica. Además, como una tenebrosa casualidad que barnizaba de mayor razonabilidad a la sanción legislativa, el hallazgo de restos humanos en el Batallón 14 del Ejército donde la Justicia buscaba detenidos desaparecidos en la causa por la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino (su nieta, Macarena, nació en cautiverio el 1º de noviembre de 1976), justificó aún más la necesidad de romper el cerco de indulgencia sobre los responsables de las torturas, desapariciones y homicidios bajo el terror dictatorial. El proyecto, de sólo cuatro artículos, es descrito por el senador Rafael Michelini (hijo de Zelmar Michelini, desparecido en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor) como una norma subsidiaria que posibilita a los querellantes salvar un escollo como la prescripción del crimen que contempla la “Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado”. “Nosotros pensamos que los jueces, incluso sin esta ley, iban a juzgar. Pero si en algún caso algún juez entendía que (el delito) prescribía, los familiares de las víctimas tienen una especie de ley subsidiaria a la cual apelar”, explicó. Las críticas de la oposición se sostienen en la supuesta violación de la Constitución Nacional en que estaría incurriendo el gobernante FA y más aún la promulgación que este viernes hiciera el Jefe de Estado. El ariete de estas afirmaciones fue el senador Jorge Larrañaga, a las que Mujica respondió con su tradicional verba campechana: “Siempre en el debate se dicen cosas un poco exageradas”, y se preguntó si “¿tenemos casa buena para todos los uruguayos?, ¿tenemos un trabajo seguro?, ¿tenemos la atención que se merecen en la salud? No, nos falta. Bueno, la Constitución nos mandata”, se sinceró corriéndose aún más a la izquierda del legislador del Partido Blanco. En la coalición izquierdista se ha abierto un debate que de algún modo ya estaba instalado desde los días en que el intento por derogar la 15.848 en 2010 y en mayo de este año, provocó una crisis interna que llevó al alejamiento del senador Jorge Saravia y la renuncia del entonces senador Fernández Huidobro. La iniciativa no se ratificó, por la negativa del legislador frenteamplista Víctor Semproni. Sin embargo, aún cuando la totalidad de los legisladores del FA de ambas cámaras votaron a favor de evitar la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, algunos sectores internos discrepan con la medida y creen que el gobierno pagará un costo político por ir a contramano de los resultados de los plebiscitos que ratificaron el pacto de impunidad. La senadora y Primera Dama, Lucía Topolansky, salió al cruce de estas especulaciones de los más moderados e instó a “escuchar lo que dijo Van Rompaey. Comparto todo lo que dijo”, agregó en referencia a la posición del ministro de la Suprema Corte Leslie Van Rompaey, para quien a las dos consultas populares que en 1989 y 2009 ratificaron la ley de Caducidad “se les debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática”. El magistrado también consideró que “los derechos humanos no están a disposición de las mayorías. Son derechos de las minorías y deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías”.
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• BRASIL DA UN PRIMER PASO HACIA LA JUSTICIA
El Senado aprobó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar lo sucedido en los años de plomo.
Por: Ricardo Romero, politólogo UBA/Unsam
Tras un largo derrotero, la propuesta de formar una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de Lesa Humanidad en Brasil, presentada en 2010 por el ex presidente Luiz Ignácio Lula da Silva y resistida fuertemente por las Fuerzas Armadas, acaba de ser sancionada por unanimidad en el Senado Brasileño, luego de haber sido aprobada por la cámara de Diputados el 21 de septiembre pasado. Esta Comisión es considerada prioritaria por el gobierno de Rousseff, quien en Nueva York, al día siguiente de la media sanción de diputados, sostenía: “Entiendo que es importante la aprobación de la Comisión de la Verdad. Es importante para Brasil, es importante para la posición de Brasil frente al mundo”. Con esta Ley, la mandataria brasileña cumple un compromiso asumido ante la militancia del Partido dos Trabalhadores, y es como una reivindicación histórica de una militante que fue presa y torturada durante ese período. Ahora resta realizar la promulgación y la designación de los siete integrantes de la misma. “Victoria histórica” fue como calificó la ministra de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes, la sanción de esta Ley. Declaró a la prensa que: “Inaugura una nueva etapa desde la democratización del país” y consideró que “la Comisión de la Verdad representa un homenaje a los que lucharon por la democracia ofreciendo hasta sus vidas”. A su vez, comentó que “representa el compromiso del Estado brasileño de nunca más utilizar métodos de coerción y violencia como instrumento de política en nuestro país”. En el trámite legislativo, el proyecto sufrió algunas modificaciones para lograr el apoyo de la cúpula militar, que había resistido a través del ex ministro de defensa Nelson Jobim, con la amenaza de renuncia colectiva. Los cambios garantizan la vigencia de la Ley de Amnistía de 1979, por lo que se sacó cualquier carácter punitivo a la Comisión, y la extensión del tiempo de investigación, que irá desde 1946 a 1985, incluyendo las acciones guerrilleras, igualándolas a delitos de lesa humanidad. Por esta razón, la Comisión recibió críticas de organizaciones de DD.HH., como el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, donde Gilson Cardoso, coordinador de dicho espacio, sostuvo que “tiene un carácter más de relato que de camino jurídico de los culpables por la violaciones (…), por lo que dependerá mucho del seguimiento que la sociedad civil haga de la misma”, concluyó el dirigente. La investigación de esta Comisión se nutrirá de trabajos previos, como el informe “Brasil Nunca Más” realizado por la Arquidiócesis de San Pablo de la Iglesia Católica que registró durante el período 1964 a 1979 unos 125 casos de ciudadanos desaparecidos por motivos políticos. Entre los colaboradores de este informe estuvo Paulo Stuart Wright, hermano del pastor presbiteriano Jaime Wright, secuestrado y asesinado por la dictadura. En 1985, los diarios Folha de Sao Paulo y Jornal do Brasil publicaron una edición que no incluía la lista de 444 agentes militares y policiales torturadores que estaba en la versión original. Después de difundirse los volúmenes del Informe “Brasil Nunca Más”, las fuerzas armadas reaccionaron con un furibundo documento de respuesta, con el título “Brasil Siempre”, justificando su acción que, según ellos, fue “para salvar a la patria del monstruo del comunismo y del caos interno”. La Asamblea Legislativa de Río Grande Do Sul en 1984 publicó un Informe del Comité Brasileño por la Amnistía, donde sostenía que, luego de quince años de dictadura militar, el número de muertos y desaparecidos alcanzaba unos trescientos e iba en aumento. Un estudio reciente del gobierno brasileño indicó que 475 personas fueron asesinadas o desaparecidas por agentes del régimen castrense. En 1995, un decreto de Fernando Henrique Cardoso aprobó el otorgamiento de una reparación económica que alcanzaba unos U$S 150 mil por familia, a parientes de 136 personas desaparecidas. La actual presidenta Dilma Rousseff fue personalmente víctima de la dictadura militar, cuando formaba parte de la organización de izquierda Política Operaria y luego de Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, uno de los grupos más fuertes que se opusieron a los militares. En 2006, interpuso demandas de indemnización que finalmente fueron reconocidas por la Comisión Especial de Reparación de la Oficina de Derechos Humanos del Estado de Río de Janeiro. Junto a Rousseff, altos dirigentes políticos padecieron la persecución y represión de la dictadura impuesta por el Golpe de 1964, entre ellos los ex presidentes Fernando Henrique Cardos (1995-2002) y Luiz Ignácio Lula da Silva (2003-2010). Si bien los acusados de violaciones a los derechos humanos de la dictadura militar gozarían de la impunidad que les da la Ley de Amnistía de 1979, ratificada por el Superior Tribunal Federal de Brasil en 2010, en ese mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó a Brasil por abusos cometidos durante la dictadura y declaró que la indulgencia de 1979 carece de efectos jurídicos.
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